La mayoría del capital social debe ser propiedad de las personas trabajadoras.
Esta característica las ha convertido en el instrumento jurídico más utilizado por las personas trabajadoras para convertirse de forma colectiva en gestores, trabajadores y propietarios de su propia empresa.
La Ley no restringe los sectores que pueden utilizar la figura de las sociedades laborales.
Todo tipo de empresas, que cumplan los requisitos, pueden acogerse a este marco jurídico.
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