La economía social tiene cada vez mayor presencia en el debate y agenda política, no solo en nuestro país sino también en el ámbito europeo. La Comisión Europea reconoce su contribución al desarrollo económico, social y humano y la considera un motor de la transformación de las sociedades, los sistemas de bienestar social y las economías contemporáneas, e insta a los gobiernos nacionales a poner en marcha políticas de apoyo. Sin embargo, cierto es también que encuentra limitaciones para visibilizar su aportación a la sociedad y no solo por la falta de estadísticas que reflejen su realidad sectorial, multisectorial y territorial, sino porque también encuentra dificultades para abrirse camino en los medios de comunicación.
La economía social se despliega en España en un numeroso grupo de figuras jurídicas y actividades que tienen el común denominador de englobar el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.
Si atendemos a las cifras, las sociedades cooperativas (FECOMA: Federación Cooperativas y Economía Social Madrid), sociedades laborales (INICIO – ASALMA), mutualidades, empresas de inserción, cofradías de pescadores, centros especiales de empleo de iniciativa social, asociaciones y fundaciones, que conforman la economía social en nuestro país, han alcanzado un nivel económico muy relevante. Juntas alcanzan el 12% del empleo total y aportan prácticamente un 10% al PIB estatal. Son cerca de 44.000 las empresas y organizaciones y el volumen de empleo directo e indirecto alcanza a 2.200.000 personas, con datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).