España puede presumir de haber creado un sistema de emprendimiento colectivo propio y pionero en el mundo, basado en los principios de la economía social, en el que las personas trabajadoras son dueñas de sus empresas. Este modelo jurídico se denomina sociedad laboral y debe cumplir una serie de requisitos legales, entre los que se encuentran que la mayoría del capital social pertenezca a los empleados y empleadas con contrato indefinido y que no representen más de la tercera parte del total. Se diferencian de las cooperativas —fórmula que equilibra el poder tomando como referencia a las personas—, en que el peso de las decisiones descansa en el valor de las acciones que poseen los socios. Y, pese a que existen otros matices y algunas excepciones en la normativa, en términos generales, esta solución legal permite a los profesionales crear y gestionar sus propias empresas y, además, hacerlo en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Nuestro país aprobó hace más de una década la Ley 5/2011 de Economía Social, la primera de sus características en el seno de la Unión Europea, aunque el concepto de sociedad laboral se puede rastrear varios años atrás. Concretamente, esta figura se ha ido moldeando desde 1986 hasta adoptar su actual forma con la publicación de una ley propia en 2015. En estos momentos, según los datos que maneja Asalma (Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid), la economía social cuenta en nuestro país con más de 43.000 entidades que representan un 10% del producto interior bruto (PIB) y generan 2.200.000 empleos directos e indirectos. Gran parte de estos datos se corresponden con la actividad desarrollada por las sociedades laborales, ya que España cuenta con 8.500 en todo su territorio, que dan empleo a cerca de 60.000 personas, tal y como especifica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.